Cuando los políticos tratan de ocultar sus errores de gobierno recurriendo a la mentios a las tinieblas exteriores. La democracia es un régimen de opinión pública, ciertamente. Hubo un momento en que se la llegó a considerar la ‘reina’. Pero ya lo advirtió el maestro Voltaire, poniendo el dedo en la llaga: «On nomme l’opinion reine du monde: elle l’est si bien que, quand la raison veut la combatre, la raison est condamnée à mort». Cuando se quiere crear, configurar, una opinión pública a base de mentiras, cualquier intento por introducir la razón en el debate, la razón es rechazada y condenada. Lo estamos viendo estos días. Con motivo del atentado llevado a cabo en Madrid el pasado 11 de marzo, el Gobierno se empeñó en llevar al convencimiento de la opinión pública que había sido ETA la autora de la brutal masacre. El presidente Aznar lo intentó llamando a los directores de los principales medios de comunicación para asegurarles que el grupo terrorista vasco era el responsable; la ministra de Asuntos exteriores telegrafió a las embajadas españolas ordenando a sus titulares que hiciesen todo lo posible por hacer llegar este convencimiento a los medios de comunicación de los respectivos países; incluso se trató de influir en las Naciones Unidas para que desde este organismo se hiciese público, urgentemente, un comunicado condenando a ETA por el atentado de la capital de España. Sin embargo, cuando al mismo tiempo, desde algunos medios de comunicación se hacía público que existían razonables indicios de que la autoría del atentado correspondía al terrorismo islámico, cosa que se iba confirmando por momentos, para mejor conocimiento de la opinión pública, estos medios de comunicación fueron descalificados y la razón de sus informes ‘condenada a muerte’. El empeño de aquel Gobierno en mantenerse en sus trece ha llevado a tener que crear una comisión en el Congreso de los Diputados para ‘investigar’ lo sucedido. Algo parecido está sucediendo con el accidente del Yak-42 en el que perecieron 62 militares. El Gobierno se empeñó en rechazar las acusaciones de mala gestión y precipitación en el reconocimiento de los cadáveres llevado a cabo en Turquía, lugar del accidente. Para el Gobierno todo se había llevado a cabo correcta y escrupulosamente y éste es el mensaje que daba a la opinión pública. Quienes se opusieron a la actuación del Gobierno, medios de comunicación y partidos de la oposición, fueron descalificados y acusados de mentir. Después de muchos meses de intensa lucha por parte de las familias de las víctimas para conocer la verdad, esa verdad se ha sabido. Era la verdad que sospechaban los familiares de los militares fallecidos en aquel accidente: los cadáveres no fueron identificados correctamente. Los deudos de las víctimas han pedido la dimisión del entonces ministro Trillo de su condición de diputado. La respuesta de Trillo ha sido que está pensando en solicitar que se convoque una comisión de investigación. ¡A estas alturas! Otro ejemplo podría ser lo sucedido con la opinión pública en el caso de la guerra contra Irak. En fin, los políticos quieren tener siempre a su favor a la opinión pública. Es lógico. Pero cuando no la tienen y la razón trata de imponerse, la razón es rechazada, descalificada, ‘condenada a muerte’, como decía Voltaire.