Antonio Silván consideró que «decisiones de un Gobierno débil empiezan a cumplir las hipotecas que tienen con los intereses nacionalistas». Tras la presentación de una proposición en el Congreso para que el Gobierno de la nación analice con la Generalitat el futuro del Archivo, Silván respondió en declaraciones a Ical que «la Junta quiere estar presente» en las conversaciones. Asimismo, el Gobierno autonómico «quiere que se le escuche, que no sea ninguneada en esta decisión tan importante para Castilla y León y España, porque no olvidemos que el Archivo es patrimonio de todos».

Por eso, el consejero portavoz subrayó que «la posición de la Junta ha quedado clara y también la de las Cortes quedó clara en su día». En este punto, criticó a los socialistas de Castilla y León porque «hoy se desdicen y se desmarcan de esa posición como moneda de cambio que les asegura el Gobierno de la nación». Cuestionó la «coherencia» del PSCL-PSOE, quien «no hace mucho apoyó en una proposición no de ley la unidad del Archivo», mientras que en el pleno celebrado ayer en las Cortes se desmarcó de una propuesta firmada por los demás grupos parlamentarios que pretendían que fuera leída por el presidente de la Cámara como declaración institucional. Otra de las críticas vertidas por Silván al PSOE de Castilla y León es el cambio de postura de esta formación política «porque ahora dicen que la Junta debe estar en la negociación cuando hace unos días les parecía bien la postura adoptada en el Congreso» –«razonable» fue el término usado por el portavoz socialista, Villalba–.

Silván insistió en que «la Junta está al lado de Salamanca y los salmantinos en su lucha por mantener el legado donde está». También replicó que «la posición de la Junta está clara: el Archivo de Salamanca, en Salamanca», para añadir que el conflicto surgido de nuevo sobre la ubicación de los documentos «no está abierto al debate». En este sentido, protestó porque se pretende adoptar «una decisión que afecta a un tercero sin tener en consideración lo que piensa ese tercero».

Convocatoria extraordinaria
Antonio Silván anunció que el Gobierno autonómico logró que un tercio del Patronato de Salamanca (formado por 18 miembros) pidiera la convocatoria extraordinaria del órgano rector del Archivo de la Guerra Civil, aunque no se aportó el nombre de los seis componentes. El consejero recordó que debía ser la ministra de Cultura, Carmen Calvo, la que debía reunir el Patronato con carácter ordinario, pero «ha faltado al compromiso manifestado de voluntad de diálogo que estamos acostumbrados a oír pero aún no se ha visto materializado». De esta forma, Silván mostró su deseo de «no ser moneda de cambio para pagar los favores nacionalistas y las hipotecas de ese Gobierno débil e inestable». Asimismo, el Gobierno autonómico pide «a la sociedad que se movilice a través de su adhesión en defensa de la unidad del Archivo», aunque no descartó la posibilidad de recurrir a la vía jurídica «cuando haya un acto administrativo firme». Los 18 miembros del Patronato son: la ministra de Cultura, un vicepresidente elegido entre los propios vocales y los vocales natos integrados por: un representante de la Junta, en este caso es la consejera de Cultura; el alcalde de Salamanca, el secretario de Estado de Cultura; el rector de la Universidad de Salamanca; el director general del Libro, Archivos y Bibliotecas; la subdirectora general de Archivos Estatales; el director del Archivo de la Guerra Civil y diez vocales más elegidos por el Ministerio.

Tribuna