A. R. L.

El delegado de la Junta de Castilla y León en Salamanca, Agustín Sánchez de Vega, advierte que “no hay motivos para mantener la suspensión cautelar del derribo del teatro Bretón”, aunque respeta la decisión de la jueza.

El inmueble, en estado decadente desde hace diez meses, goza de la menor protección arquitectónica posible (Ambiental C) en el catálogo de bienes conservados del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que obliga a conservar elementos determinados, “como ha recogido la empresa propietaria, tras determinar la Junta de Castilla y León que el inmueble no cuenta con valores suficientes para ser considerado un Bien de Interés Cultural (BIC)”.

Más allá de incidir en cuestiones patrimoniales, Sánchez de Vega asegura que la demolición interrumpida provoca un lastre en el desarrollo económico, “porque impide la contratación laboral para ejecutar el trabajo en cuestión”.

En sentido contrario camina la asociación Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio, que valora “muy positivamente” los razonamientos expuestos en el contenido de la sentencia, porque “sirve para recordar que la conservación de los bienes culturales y del patrimonio está por encima de los intereses económicos particulares”.

Por otro lado, este colectivo recalca que la resolución de la Administración regional por la que se desestima el recurso de alzada contra la desestimación inicial a la petición para la incoación de expediente de declaración como Bien de Interés Cultural “es subjetiva, carente de todo fundamento, no aporta dato alguno ni rebate ninguno” de los argumentos expuestos en el recurso presentado por este colectivo. Según la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León la denegación de incoación debe ser razonada, “y no se ha demostrado”, apuntan.

Mientras, el concejal de Fomento, Salvador Cruz, considera que el Ayuntamiento debe velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística, como hasta ahora, y no valorar la conveniencia del derribo al tratarse de una propiedad privada.

Por su parte, la propietaria del teatro, la inmobiliaria Santher, declinó realizar declaraciones a este periódico sobre la reciente decisión judicial.

Merece recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León desestima el recurso de apelación interpuesto por los ejecutores del derribo iniciado y suspendido cautelarmente el 26 de mayo pasado.

La parte apelante –la inmobiliaria– sostiene que los perjuicios derivados de la paralización de los trabajos alcanzan 7,7 millones de euros, que calcula en relación del beneficio anual bruto de la explotación de la residencia de ancianos y del párking que se pretenden construir.