J. R.

Los afectados salmantinos por el escándalo de las sociedades de inversión Afinsa y Fórum Filatélico, intervenidas por la Audiencia Nacional en mayo de 2006, apuestan por la cautela tras conocer en este mes la decisión judicial de disolver y liquidar la primera de estas empresas. En la provincia salmantina, la estafa perjudicó a más de 2.500 familias que vieron hace ya más de tres años esfumarse sus ahorros. La liquidación de los bienes de la sociedad de inversión supondría, en principio, un total de 812,64 millones de euros, lo que cubriría apenas un tercio del dinero de sus clientes, admiten desde la Plataforma Blanca de Afectados por Afinsa. “Es un paso más”, considera Javier Rodríguez, secretario de la asociación, frente a las primeras estimaciones de los administradores concursales, que reducían hasta un 25% la cantidad que se recaudaría con la venta de los bienes (como oficinas y sellos) de la sociedad.
“Ya sabíamos que no íbamos a recuperar el 100%”, admite Rodríguez en declaraciones a este periódico en relación con el proceso judicial desarrollado en el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, responsable de dictaminar la disolución y liquidación de Afinsa. Las esperanzas de contar, de nuevo, con todo su dinero se centran, en su lugar, en una demanda penal colectiva interpuesta que considera al Estado como responsable subsidiario de la estafa. Al respecto, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) lamentaba recientemente que “la lentitud de los procesos judiciales deja a los afectados por fraudes masivos en una situación de indefensión”. De esta manera, apela a que en el caso de Afinsa, al igual que ocurriera con las compensaciones a los afectados por el escándalo de Gescartera, que estalló en verano de 2001, se instaure un Fondo de Garantía de Inversiones. “Parece que en España los bancos, hagan lo que hagan, nunca son responsables. Los delitos de cuello blanco no se sancionan nunca”, añade para subrayar la situación de indefensión de los afectados por fraudes colectivos.

Las víctimas salmantinas de Afinsa insisten, no obstante, en la conveniencia de esperar a que “se produzca el Plan de Liquidación” para conocer la cantidad exacta del dinero que se recaudará para los clientes estafados por la sociedad de inversión, algo más de 190.000 en el conjunto de España. Ahora bien, desde la plataforma provincial se incidía en el pasado mes en la conveniencia de alargar los plazos de las tasaciones de los inmuebles, que la ley fija en un año desde la resolución judicial, “para que la crisis económica no rebaje su valor” y para conseguir así una mayor indemnización posible. “Los bienes de Afinsa se tienen que tasar, vender y subastar”, recuerda Rodríguez. Mientras, los afectados de toda España por el fraude de estas dos sociedades de inversión han convocado una manifestación que se desarrollará en Madrid el próximo sábado para acusar una vez más al Estado de responsabilidad patrimonial en la estafa.