Eva Cañas

Salamanca dispone de un Protocolo de Atención a Personas con Enfermedad Mental que es pionero en España en fijar las actuaciones de todas las administraciones públicas competentes en esta materia. La firma de este texto fue rubricada ayer por el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Agustín Sánchez de Vega –que presidía el acto–; el alcalde de la ciudad, Julián Lanzarote; la presidenta de la Diputación, Isabel Jiménez; el subdelegado del Gobierno, Jesús Málaga y el magistrado juez decano, Luis Sanz.

Este protocolo detalla las actuaciones y procedimientos a seguir por parte de los profesionales, entre ellos, circunstancias relacionadas con el tratamiento y el traslado de pacientes, o aquellos casos de personas con enfermedad mental grave y prolongada. Sánchez de Vega recordó que este texto es una obligación más allá de la teoría: “Es social y política con los ciudadanos, con las personas y las familias que requieren soluciones y tratamientos continuados”, advirtió. Además, el delegado territorial invitó a los municipios de más de 5.000 habitantes para que se adhieran al protocolo.

Por su parte, el alcalde de la capital destacó el trabajo conjunto en la elaboración de este texto en beneficio de los enfermos mentales, “con el único objetivo de primar el interés del paciente”. Lanzarote recordó que el Ayuntamiento dispone para la atención de este colectivo cuando así se requiera de 300 efectivos de la Policía Local y una importante red de Centros de Acción Social. La presidenta de la Diputación, Isabel Jiménez, reconoció que se pueden aunar voluntades “para dar un mejor servicio a los ciudadanos de la provincia”.

La intervención del subdelegado del Gobierno, Jesús Málaga, estuvo marcada por una reflexión profesional desde su experiencia como psicólogo: “El mundo de las enfermedades mentales es complicado, difícil, y tenemos ese punto débil sin solucionar”, advirtió. Pero Málaga reconoció que con la firma de este protocolo “se ha dado un paso adelante”. El subdelegado recordó que a diario llegan problemas serios relacionados con esta enfermedad hasta su administración.

La Justicia es otra de las administraciones que juegan un papel importancia a la hora de atender a los enfermos mentales. El juez decano de Salamanca, Luis Sanz, rubricó el protocolo y puntualizó que la actuación judicial llega “cuando se produce un internamiento forzoso y se producen casos especiales cuando el enfermo con trastorno psíquico deja la medicación y sufre una crisis”. En ese caso, el internamiento no lo decide el enfermo, ni sus familiares, puesto que según Sanz, condiciona el derecho a la libertad que se establece en la Constitución Española.

Al respecto de la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en esta materia, el juez decano quiso dejar claro que no debe conducir a la criminalización del enfermo. “No se trata de un delincuente, son enfermos”, sentenció. En estas situaciones, “la Policía ayuda a la reducción del enfermo”. Luis Sanz también detalló algunos aspectos que rodean a los enfermos mentales que quedan pendientes, como la posibilidad de activar las alarmas cuando dejen de tomar la medicación, y “la necesidad de articular medios para el internamiento de media y larga duración”.

A partir de ahora, y a lo largo de este mes, los esfuerzos de estas cinco administraciones se centrarán en hacer llegar el protocolo a todos los profesionales implicados.