TRIBUNA

Según su versión, él habría llevado el coche, un Renault Megane, hasta el aparcamiento de La Salle donde, reconoció, atracaron un camión con jamones que estaba aparcado con las llaves puestas. “Yo conducía en la ida, pero no en la vuelta”, señaló, algo que corrobora un testigo que no acudió al juicio, pero de quien se leyó la declaración ante la policía, y que afirma que vio como el que se llevaba el camión, presuntamente Ángel G. C., se montaba posteriormente en el asiento del conductor del Megane. Ese testimonio abre las incógnitas sobre la versión oficial, que acusa Raúl J. de homicidio imprudente, además de los delitos de robo, tenencia de armas, y atentado contra la autoridad. En su declaración, tanto el principal acusado, como Daniel F., a quien sólo se le imputan los delitos de robo y tenencia de armas, coincidieron en que conducía el fallecido. La defensa trató de apoyar éste argumento en la declaración de los forenses que realizaron la autopsia a Ángel G. C., para quien “las heridas que presentaba en el abdomen podían ser como consecuencia de golpes contra el volante”. También confirmó que los guantes encontrados tenían grasa “de origen animal”, de jamón.

Otro de los puntos polémicos de la tarde fue la declaración de los policías, que durante la persecución no pudieron certificar con certeza si era o no Raúl quien conducía. Éste llegó a acusar a los agentes de haber cruzado a propósito el coche: “Uno de los policías me dijo que sabían que sin nos daban ahí, íbamos a rodar como peonzas”, relata el principal imputado. Según el policía, entonces en prácticas, que conducía el furgón policial contra el que se chocaron, los presuntos delincuentes “fueron por el mismo lado, conducían evasivamente, y dieron la vuelta de golpe hasta embestirnos”. Durante su testimonio, la madre del fallecido empezó a insultarle a gritos de “asesino, maricona, hijo de puta”, así como a amenazarle a gritos. Tuvo que ser expulsada de la sala tras su ataque de nervios, aunque no se la detuvo por parte de ninguno de los múltiples policías presentes pese a amenazar a un agente de la Ley en público. En el tramo final del juicio, el Fiscal aumentó la solicitud de penas de 3 a 4 años y medio por atentado a la autoridad y de 18 meses a 3 años por tenencia de armas. Ante la nueva calificación, la defensa ejerció su derecho a aplazar el juicio para preparar sus argumentos, por lo que el proceso se reanudará el 25 de febrero.