Lucía Otones

Sin embargo, el portavoz del equipo municipal, Fernando Rodríguez, ha preferido quitar hierro al asunto. “Nosotros vamos a recurrir la decisión de la Comisión de Precios, pero, en todo caso, quiero dejar claro que sólo afecta a los dos tramos inferiores de consumo doméstico, los de uso no doméstico y el de uso para otros municipios”, manifestó. De esta forma, saldrán beneficiados aquellos que consuman menos. Tanto los hogares como las pequeñas y medianas empresas pagarán, en concepto de consumo, lo mismo que en el ejercicio pasado, siempre y cuando no se superen los 61 metros cúbicos.

Al igual que hicieron con la subida del autobús urbano, desde el Consistorio han criticado abiertamente la decisión de la Comisión adscrita a la Consejería de Economía. “Al menos se debería haber autorizado la subida IPC, aunque sea el de noviembre, porque sino la tarifa estará por debajo del coste”, afirmó, añadiendo que esto es algo que no permite ni la Ley de Haciendas Locales ni las directrices europeas.

Aunque por el momento la concesionaria del servicio de agua, la empresa Aqualia, no ha anunciado su intención de exigir la pérdida de ingresos al Ayuntamiento, el portavoz popular y concejal de Economía aseguró ayer que “estará en su derecho de hacerlo porque en el contrato se recoge la revisión anual del IPC”. Aunque el edil no se aventuró a dar una cifra sobre las pérdidas que trae consigo la decisión de la Comisión Regional de Precios, fuentes de Aqualia la han situado en torno a los 200.000 euros.

Aunque la postura de la Comisión de Precios es un revés para el Ayuntamiento, no lo es para el bolsillo del vecino. El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (Fevesa), Chema Collados, y el portavoz del Grupo Socialista, Fernando Pablos, aseguraron estar “contentos, porque se trata de una buena noticia para todas las familias de Salamanca”.