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El consejero de Interior y Justicia, Alfonso Fernández Mañueco, mantuvo ayer una reunión con los representantes de las diputaciones provinciales de la que salió una declaración conjunta en la que se considera positivo el Plan de Gobierno y se centran en nueve puntos para que el dinero llegue a los proyectos.

Fernández Mañueco recalcó, durante una rueda de prensa acompañado por los ocho representantes de las diputaciones, que el acceso de los municipios a este plan no será fácil primero por la fecha marcada del 24 de enero como tope para su presentación y segundo por el elevado número de municipios pequeños en Castilla y León con una menor capacidad.

La Junta habilitará una oficina en cada una de las nueve delegaciones territoriales con personal especializado para ayudar a los ayuntamientos en la presentación de las solicitudes, mientras que las diputaciones también pondrán a disposición de los entes locales sus oficinas de asistencia y asesoramiento u otras creadas al efecto.

También se dirigirán a los colegios profesionales afectados para pedirles colaboración y prioridad en la tramitación de esos expedientes, ya que se pueden ver con 2.000 solicitudes si cada ayuntamiento decide presentar un proyecto.

En el apartado de exigencia, Junta y Diputaciones quieren que el 20 por ciento del fondo se pueda destinar a gastos corrientes de las corporaciones locales ante la pérdida de mil millones en su financiación a través de los presupuestos estatales para 2009, así como que se pueda cubrir los gastos generados por la contratación de los expedientes.

En la misma línea, exigen que las diputaciones provinciales sean beneficiarias de recursos adicionales para sus inversiones, que se cree una línea para hacer frente a la asistencia jurídica y técnica de los municipios y que los remanentes de este plan nacional de ayuda a municipios, derivados de la falta de solicitudes o de bajas, no se devuelvan, sino que se inviertan en el lugar donde están asignados.