ICAL / VALLADOLID

El atasco de la Justicia en Castilla y León continúa su senda ascendente y acumuló casi 100.000 asuntos en trámite al finalizar 2007, lo que supone un incremento del 8,27% respecto al ejercicio anterior, cuando se alcanzó la cifra de 92.258. La mayoría del retraso corresponde a la jurisdicción penal, en la que se concentraron 43.000 asuntos, según se desprende del último informe anual del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que analiza la situación de la Justicia en España. Sin embargo, y a pesar de que el atasco sigue aumentado, la cifra de asuntos que resolvieron los tribunales de Justicia de Castilla y León también creció durante el pasado año, en concreto, el 4,85 %, hasta llegar a los 376.553. Por detrás de los asuntos penales, en cuanto a volumen se refiere, está la jurisdicción civil, con 35.323 asuntos; mientras que la de lo contencioso-administrativo, alcanzó los 16.098 trámites abiertos a finales de 2007. Un retraso que se debe principalmente, en este caso, al colapso tradicional que arrastra la sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid. Los 5.475 asuntos restantes corresponden al ámbito social. Además, a ello hay que sumar que crece más el número de asuntos en trámite que el de los que entraron en los últimos doce meses, 383.967, el 5,26% más que en 2006.

De los asuntos que llegaron a los juzgados durante el pasado año, descendió la cifra en la jurisdicción social, en concreto, el 5,16%, para recibir 17.710, frente a los 18.675 de 2006. Por el contrario, los juzgados de lo penal, que concentran el mayor número de cuestiones –casi el 72% del total– sufrieron un importante aumento, el 6,89% más, con 275.966. Los civiles crecieron el 2,5%, hasta la cifra de 79.228, y los contenciosos, el 4,16%, hasta 11.063. En cuanto a las resoluciones, en la jurisdicción penal aumentaron el 5,51%, mientras que en la civil el porcentaje se situó en el 4,16% con 76.374, y en lo contencioso, el 8,9%. Por el contrario, cayó la de los asuntos sociales, el 4,53%, con un saldo final de 16.664.

Con estos datos, la tasa de pendencia, que mide la relación de los asuntos pendientes al final de un período con los resueltos durante el mismo, arrojó un dato negativo al crecer una centésima en 2007, con una tasa del 0,27, frente al 0,26 de 2006. En el conjunto de España la evolución fue también mínima, pero en este caso positiva, ya que pasó del 0,30 en 2006 al 0,29 en 2007. En función del tipo de jurisdicción, se mantuvo en el mismo nivel en la civil (0,46), mientras que en las otras tres aumentó. En concreto, la penal pasó del 0,15 al 0,16; en lo contencioso, del 1,36 al 1,54, y en lo social, de 0,33 al 0,28. Por otro lado, la tasa de resolución de asuntos se mantuvo igual que el año anterior, en el 0,98, casi igual que la media nacional (0,99), que aumento en los últimos doce meses tras haber registrado el año anterior 0,98.

Mayor agilidad que en España
El funcionamiento de los órganos jurisdiccionales regionales mostró, además, una mayor agilidad que la media nacional en la celebración de juicios durante el año 2007 respecto a los que estaban señalados, en todas las jurisdicciones, un dato positivo que revela una mejoría dentro de la situación global. En los juzgados de primera instancia e instrucción, el porcentaje de juicios civiles celebrados fue del 78,1%, con lo que supera en más de cuatro puntos la media española (74,5). Mientras tanto, se celebraron el 82,5% de los juicios de faltas señalados, casi tres puntos por encima del país (79,4). En los órganos de violencia contra la mujer tuvieron lugar el 81,6% y el 95% de los juicios señalados civiles y de faltas, respectivamente. En ambos casos por encima del 77,7% y el 89,6%, respectivamente, nacional. En el ámbito penal se llevaron a cabo el 87,1% de los previstos, frente al 74,9% de toda España y el 93,8% de los juicios rápidos, cuando la media estatal quedó en el 80,2%. Por otra parte, se celebraron el 88,4% de los juicios civiles señalados en los juzgados de menores, mientras la media de las comunidades se situó en el 75,9%, y el 90,7% de los penales, por encima del 82,3 % de España.