J. R.

“Nos dijeron que, siempre que fuera conforme a la ley, no habría ningún problema para llevar adelante la piscina”, expuso el promotor, acusado junto con su hermano, S. S. N., de un posible delito contra la ordenación del territorio, otra de estafa y un tercero contra los consumidores. El Ministerio Fiscal pidió para ambos en su calificación inicial tres años de prisión como responsables de un delito de estafa y uno más por cometer una oferta engañosa a los compradores de los chalés de la urbanización La Hacienda.

Cesión de veinte años
La acusación de los residentes elevó la solicitud hasta un año y tres meses de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio, cinco años por un delito continuado de estafa, nueve meses por un delito contra los consumidores, una inhabilitación especial para construir y la indemnización de 15.000 euros para cada vivienda afectada. Mientras, desde el Ayuntamiento se reclamó tres años para ambos por los delitos de estafa continuada, contra la ordenación del territorio y contra los consumidores.

Santher adquirió en el mes de abril del año 2000 un total de 65 parcelas del Plan Parcial del Sector VI de Villamayor, adquiridas a GPS Vitra, empresa vinculada a CCOO. La entrada de la constructora salmantina en este proyecto de expansión urbanística de Villamayor, plasmado en chalés adosados individuales, convirtió, además, al responsable de la promotora en el presidente de la Junta de Compensación del plan. Santher propuso entonces al Ayuntamiento, gobernado entonces por el Partido Popular, la construcción en una parcela de propiedad municipal de una piscina. La propuesta incluía que el uso del terreno se cediera por un espacio de veinte años a los propietarios de todo el sector, no sólo de los vecinos de la urbanización La Hacienda de Villamayor. La constructora defendió entonces que era “compatible” el uso deportivo (que afecta a la construcción de piscinas) en zonas libres, bajo la fórmula de una concesión municipal con la creación de la piscina.

Los promotores sostuvieron ayer ante el Tribunal que las obras se iniciaron con una “autorización verbal” de la anterior Corporación Municipal y niegan que en los contratos de compraventa y en la memoria de calidades se incluyera la transacción de la propiedad de la piscina. “Nosotros no vendimos una piscina ni en propiedad ni en copropiedad, sino su uso”, insistió el presidente de Santher, una constructora familiar creada en 1994, que perdió hace pocas semanas la compra de los terrenos de Mirat por falta de liquidez. El promotor aseguró que los problemas originados con la paralización de las obras aumentaron con el relevo en mayo de 2003 al frente de la Alcaldía. La actual alcaldesa, Elena Diego, ya advirtió cuando estaba en la oposición que la piscina era ilegal y que la iba a denunciar. El presidente de Santher lamentó ante el Tribunal la “falta de voluntad política” de Diego para buscar un acuerdo entre las partes. Hoy, se reanuda el juicio con la declaración de propietarios de la urbanización. La presencia entre ellos de una funcionaria de Justicia salmantina llevó a inhibirse a la Audiencia Provincial. El Tribunal está formado por el presidente de la Audiencia Provincial de Zamora, Luis Brualla, y dos magistrados zamoranos.