Lucía Otones

La ordenanza que menos se respeta, al menos a los ojos del ciudadano menos curioso, es la que hace referencia a la gestión de residuos sólidos y limpieza viaria. En 2006, el Ayuntamiento de la capital tramitó 306 expedientes, lo que supuso un incremento del 128% con respecto al año anterior. El abandono de residuos fuera de los contenedores o de las papeleras –caso este último de las zonas ajardinadas– o el depósito fuera del horario indicado, son dos de las infracciones más comunes. Igualmente desagradable resulta salir por algunos parques de la ciudad y ver cómo el césped está invadido de excrementos de perro. Quienes permiten que sus animales satisfagan sus necesidades en estos lugares violan lo dispuesto en dos reglamentos: el de Protección de Zonas Verdes y Arbolado Urbano y el de Animales de Compañía.

De la infracción a la ordenanza que regula el tráfico y la seguridad vial saben bien quienes ven la correspondiente ‘notita’ cuando aparcan en lugares no permitidos o se olvidan de sacar o renovar el ticket que se precisa para estacionar en zona ORA. A finales del año pasado entró en funcionamiento la inmovilización de vehículos, que supone la de aquellos turismos estacionados incorrectamente. Esta opción levantó una gran polémica entre los ciudadanos, a pesar de ser algo más asequible y más cómoda (ya no hay que desplazarse hasta Villamayor para recuperar el automóvil) para el conductor. Las infracciones a la ordenanza de Tráfico y Seguridad Vial son unas de las que más llenan las arcas municipales. Teniendo en cuenta los datos de años anteriores, en el presente ejercicio el Ayuntamiento espera recaudar durante este año 1,8 millones de euros, según explicaba a TRIBUNA en los primeros días de enero la todavía concejala de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Salamanca, Evencia Juez.

Los conductores salmantinos han manifestado en numerosas ocasiones el malestar que les genera el hecho de que existan tan pocas plazas de aparcamiento en el centro, que, además, en los últimos meses se han visto reducidas con la peatonalización de varias calles del casco histórico. Además, los estacionamientos en esta zona están regulados y muy vigilados, lo que obliga a quienes se desplazan hasta su puesto de trabajo en el vehículo propio a dejarlo en descampados en los que, a priori, está prohibido.

Dadas las circunstancias, uno no puede evitar pensar por qué se contrata una empresa que se encargue de vigilar si se cumple o no con la ORA y no se hace lo mismo para evitar que se produzcan otro tipo de infracciones, porque, lo que está claro es que la Policía Local no puede abarcar todo.

Otra de las ordenanzas municipales intenta regular la colocación de vallas de publicidad en el exterior. Sin embargo, esta cuestión parece tan complicada como querer poner barreras al campo. Al menos así lo reflejan los datos que manejan en el Ayuntamiento de la capital. Según explicaba hace poco más de dos meses el concejal de Urbanismo, Salvador Cruz, el 80% de estos soportes son ilegales. El reglamento municipal permite la ubicación de 140 puntos y en la actualidad habrá más de 800». Para intentar darle solución, Cruz anunció entonces que se llevaría a cabo un concurso público para que una empresa concesionaria se encargue de la instalación y mantenimiento de las carteleras.

Tanta falta de respeto, porque hechos como los reflejados en esta información son una falta a la convivencia ciudadana, sólo puede solucionarse de dos maneras: a través de las campañas de sensibilización y si no, aumentando la vigilancia.