E. Bermejo

Los datos de las rentas per cápita de las provincias del oeste de Castilla y León hablan por sí solas, máxime cuando se las compara con las medias nacional y regional. Así la renta disponible de un salmantino es de 687 euros menos que la de un madrileño y 650 por debajo de la de un vallisoletano. Lo mismo podría decirse de los índices de paro, que en la provincia alcanza el 12,19 por ciento, casi tres puntos por encima de la media de Castilla y León. Mientras, León y Zamora no le andan a la zaga.

Por lo que respecta a otros índices, los de convergencia, la situación no es mucho más halagüeña, según Melero. Así, según los últimos datos, y sin contar las recientes incorporaciones de Rumanía y Bulgaria a la Comunidad Europea, el índice de convergencia de España es de 97,4, 7,2 puntos más que el de Castilla y León y casi 16 por encima del de Salamanca, aunque la palma se la llevan Zamora y Ávila con 70,2 y 74,7.

El fenómeno de la despoblación
Emilio Melero señaló que todas estas cifras «perfilan» el trabajo de la Junta a lo largo de estos 20 años, e insistió en los «efectos benéficos» del Plan del Oeste para combatir la falta de empleo y el fenómeno de la despoblación, ya que la capital ha perdido 577 habitantes en este año, la quinta con más descenso, mientras que la provincia sólo ha ganado el 0,2% o, lo que es lo mismo, 696 habitantes, la sexta de España que menos ha ganado, sólo por delante de Cáceres, León, Lugo, Orense y Zamora, tres de ellas castellanas y leonesas.

Por todos estos motivos, el PSOE ha hecho varias propuestas a la Junta de Castilla y León, según Emilio Melero: que el fondo de convergencia regional palíe una situación que no supo solventar cuando llegaba una gran cantidad de fondos comunitarios; que el nuevo marco que se plantea entre 2007 y 2013 solucione «esta situación de agravio que sufre el oeste de la región y Salamanca en particular»; que la Junta compense a estas zonas y aplique el Plan contra la Despoblación; que iguale también la inversión que hace el Estado en Salamanca y, por último, la propuesta inmediata de un Plan General de Carreteras, «de acuerdo con diputaciones, ayuntamientos y otras fuerzas sociales que venga a compensar el agujero en materia de comunicaciones y siniestralidad vial» que sufre la región.