Agencias

Así se lo transmitió el ministro de Asuntos Exteriores venezolano, Nicolás Maduro al embajador español de Caracas, Raúl Morodo, un desmentido que rápidamente tuvo su respuesta por parte del abogado de los etarras, Marino Alvarado, que asegura que hay un compromiso por escrito en torno a las indemnizaciones y amenaza con acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si no se cumple. 
En medio de la confusión, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se puso a trabajar a contrarreloj escudriñando hasta la última coma de los expedientes judiciales de los cuatro etarras residentes en Venezuela –Eugenio Barrutiabengoa, Lorenzo Ayestarán, Miguel Ángel Aldana y Jesús Ricardo Urteaga–a los que el Gobierno de Chávez podría conceder la nacionalidad. El Ministerio Público está comprobando si tienen alguna causa pendiente ante los tribunales españoles que les permita solicitar su extradición a las autoridades de Caracas. Entre los seis suman cuarenta asesinatos.

Este frenético trabajo se produce después de que se anunciara la posible nacionalización de estos terroristas y la indemnización a otros que se habían deportado a España, unos extremos que fueron desmentidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores español, remitiéndose a la garantía que le había dado el Ministro de Asuntos Exteriores venezolano al embajador español durante una entrevista personal.

Desmentido polémico
Un desmentido que, al parecer, se ha realizado para no crear polémica, ya que todo apunta a un pacto entre los gobiernos español y venezolano para ‘colocar’ a los cuatro etarras y para indemnizar a los otros dos. La figura clave es el embajador español en Caracas, que, con hilo directo con Chávez, ha influido en que se dé marcha atrás al mencionado acuerdo.

Minutos después de este desmentido, el abogado de los etarras, el venezolano Marino Alvarado, explicó que en junio se firmó un acuerdo amistoso entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de Venezuela y los abogados de Sebastián Echániz Alcorta y Juan Victor Galarza, los dos etarras que fueron extraditados en el año 2002 para los que se acordó una indemnización de 350.000 euros por daños y perjuicios para ellos y sus familias por la «arbitraria e ilegal deportación».

Acuerdo con Caracas
Alvarado menciona concretamente a la responsable de la Oficina del Estado para los Derechos Humanos ante el Sistema Interamericano e Internacional, María Auxiliadora Monagas, un acuerdo que se cerró con la citada oficina que actuaba con el consentimiento de los altos funcionarios de la Cancillería.
«No entiendo qué es lo que está pasando, pero me parece que el Gobierno está cediendo ante las presiones de Madrid y eso es inaceptable», subrayó amenazando con elevar su denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de que se incumpla lo pactado.

Las primeras reacciones
Antes de que se produjeran este cruce de manifestaciones ya se produjeron reacciones. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, solicitó tiempo hasta confirmar la noticia. Más allá fue el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que no dudó en afirmar que de confirmarse «sería una decisión inaceptable para España». El PP, a través de su portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana, exigió una «respuesta tremendamente contundente» ante lo que califica «argucia bananera».

Actuación de la Fiscalía
En cualquier caso, para evitar que los etarras eludan su cita con la justicia española, la Fiscalía ya está buscando procesos abiertos contra estos cuatro etarras que no hayan preescrito. De encontrarlos, el Ministerio Público pedirá a los jueces que insten los trámites necesarios para iniciar el proceso de extradición de los cuatro presuntos terroristas.

Mientras la Fiscalía trabajaba para intentar encontrar algo a lo que agarrarse para forzar la extradición de los etarras, el Ministerio de Asuntos Exteriores lo hacía para que las autoridades venezolanas confirmara o desmintieran –como finalmente fue– de forma oficial si se les concedió la nacionalidad.