M. C.

De acuerdo con los datos, a los que ha tenido acceso TRIBUNA, en la estadística que maneja el organismo se eleva a al menos 56 el número de renuncias detectadas en este sentido durante el pasado año 2004, de un total de 404. Además, apunta, la renuncia puede dar lugar a absolutas faltas de colaboración por parte de la supuesta víctima con la Justicia, faltas de colaboración que van desde la inasistencia de la testigo al juicio hasta las reticencias o contradicciones en su declaración, difuminando o negando hechos que sin embargo sí se admitieron durante la instrucción del caso o, en último extremo, la negativa a declarar en contra del familiar, lo que deja al juicio huérfano de prueba.

Es tal la gravedad de la situación, asegura la Fiscalía en su informe, que sus miembros se preguntan si cabe pensar en la conveniencia de desarrollar procesos por falso testimonio en aquellos casos en que las víctimas se contradicen o, directamente, niegan los hechos denunciados en el momento inicial.

Legislación muy represiva
En su memoria, la Fiscalía hace alusión, además, a la existencia de «determinados procesos que tienen un trasfondo civil o que pueden emplearse para sacar beneficios –por parte de las víctimas– en ese ámbito de jurisdicción», una situación que, asegura, al contrario de lo sucedido en otras provincias, no se ha detectado apenas en Salamanca durante el pasado año. Para la Fiscalía, estas consecuencias se producen, a su juicio, por «una legislación penal fuertemente represiva» que no distingue entre el hecho aislado, nimio o sin importancia –en el que podría caber la eficacia del perdón– y aquel suceso grave objetivamente o revelador de ese ‘clima’ continuado de dominación y temor que justifican la intervención penal.

A juicio de la Fiscalía, el legislador «entra de lleno en materias de índole privado y así los fiscales y los jueces tenemos que oír con frecuencia a perjudicadas que nos reprochan ‘meternos en su vida’ y que no le demos la oportunidad de que sean ellas las que ordenen su convivencia y no los poderes públicos», teniendo en bastantes casos «bastante razón», añade.

Por otra parte, la Fiscalía salmantina hace referencia al aumento progresivo de denuncias en esta materia, que de 338 en 2003 pasaron a 404 en 2004, lo que supone un incremento del 16,33%.

67 órdenes de protección
Un total de 404 denuncias que han motivado la solicitud de nada menos que 67 órdenes de protección para las presuntas víctimas, de las que fueron denegadas 12 y concedidas 55.

Dentro de ellas, la medida más comúnmente dictada es la de prohibición de comunicación o aproximación con la víctima (alejamiento) que se ha adoptado de forma autónoma, es decir sin orden de protección en 26 ocasiones y en todas las órdenes de protección concedidas.

Mucho más frecuente, prosigue la Fiscalía ha sido la prohibición de residencia o de acudir a determinados lugares, aunque eso sí– la prohibición de residencia, concluye, ha dado lugar a varios procesos de quebrantamiento, al ser incumplidos por los imputados.