Hemeroteca :: 19/04/2005
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LOCAL

Protestas ante el cambio de uso del polígono industrial

Última actualización 19/04/2005@00:00:00 GMT+1
Los empresarios y trabajadores de las cerca de veinte empresas que conforman el Polígono El Tormes, –junto al CAEM–, exigen un traslado remunerado y concreto para sus negocios, que no podrán seguir ubicados en esa zona dentro de unos cuatro años, según marcan las nuevas normas urbanísticas. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana –que se aprobará definitivamente en pocas semanas– elimina la zona como polígono industrial, por lo que los empleados y dueños de las naves demandan que el Ayuntamiento asegure la protección de los puestos de trabajo.
L. B.


Para garantizar sus derechos, aseguran que están dispuestos a comenzar una serie de medidas reivindicativas que pasan por movilizaciones, pancartas y «protestas ante el mismo Consistorio si hace falta», señalaba uno de los empleados. Ayer, los empleados de varias naves se concentraban para pedir a la Administración local que responda por el futuro de sus puestos.

50 millones de euros
En general, el pesimismo planea sobre todos los negocios allí instalados –22 en total, de los que tan sólo diez naves están en propiedad–, ya que en la actualidad unas 100 personas trabajan allí a diario, más cerca de trescientos de forma indirecta. En el lugar en el que actualmente trabajan estos ciudadanos se construirán equipamientos y viviendas, una gran operación que los empresarios de la zona estiman que supondrá cerca de 50 millones de euros. «Contra una especulación de este calibre será muy difícil luchar, pero no vamos a cesar en defender nuestros empleos», explica Vicente Sánchez. La media de espacio por negocio ronda los 500 metros cuadrados, un importante espacio que no encuentran a precios similares a los de su actual polígono en otras zonas de la ciudad. «Por lo general, nos piden tres veces más por el metro cuadrado en la ciudad que donde estamos ahora», añade Sánchez. El edil de Urbanismo, Salvador Cruz, se reunirá hoy con varios de los representantes de estos negocios para tratar de buscar solución al futuro de las 22 empresas. «Hay que garantizar los puestos de trabajo, porque a muchos de estos negocios, si se trasladan a otros lugares, no les van a homologar la maquinaria y tendrán que cerrar», señala Tomás Pérez, portavoz de los afectados. Asimismo, asegura que «el 90% de estos negocios tendrá que cerrar si el Ayuntamiento no hace nada al respecto».
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