A. M. R.

El abogado denunciante, Nazario Sánchez, basa su denuncia en que el alcalde ha cometido «un delito de omisión del deber de perseguir delitos» (como expresó en las fechas previas a la presentación de la denuncia) durante las concentraciones celebradas durante este curso en las proximidades de los bares de San Justo. La vía que ha escogido el letrado es la Penal, por lo que Lanzarote se puede enfrentar a una pena de inhabilitación para cargo público si finalmente prospera la denuncia.

Al admitir a trámite la denuncia el juez de Instrucción, la causa ha pasado ahora a manos del Ministerio Fiscal. En un plazo no determinado, el fiscal deberá emitir un informe al juez de instrucción en el que valora la denuncia. A raíz de este informe, el juez que instruye el caso determinará si finalmente la denuncia es admitida, si se archiva o si se sobresee. Este proceso, el abogado denunciante, Sánchez, estima que se prolongará durante aproximadamente un mes.

Los dos hechos denunciados son las aglomeraciones masivas en las calles Varillas y del Olvido y en la plaza de San Justo el 14 de octubre, día mayor de las fiestas de Medicina, y el 18 de noviembre, en la mayor celebración de Ciencias, consideradas las dos aglomeraciones como ‘botellones’. Durante esos días, laborables, el abogado estima que los participantes en esos festejos callejeros impidieron el libre funcionamiento del comercio y de la vida de los vecinos de la zona. Nazario Sánchez irá aportando, anunció, nuevas pruebas documentales en las que, a su juicio, se observa que la Policía Local no pudo evitar atropellos de los participantes en la concentración.

Nazario Sánchez elude de las responsabilidades a los hosteleros de la zona: «Ellos tienen que vigilar sus locales y no pueden impedir que haya gente bebiendo en la vía pública». Asimismo, considera que la vía de la sanciones administrativas contra estos locales (seis meses de suspensión de actividad y 12.000 euros de multa) «no arregla el problema». l