La representante de los Archiveros de Castilla y León, Rosa López, señaló que la futura comisión de expertos que decidirá sobre la unidad del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca irá «justa de tiempo» para cumplir con los planes del Gobierno central que pretende tener el informe elaborado antes de que finalice el presente año.

El Patronato de este Archivo celebra mañana una sesión plenaria en la que se aprobarán los nombres de los dieciocho expertos que se han propuesto para dicha comisión. De ser así podrían comenzar a trabajar nada más constituirse.

La vicepresidenta de los archiveros de Castilla y León solicitará que se respete la composición anunciada por la ministra de Cultura, Carmen Calvo.

La consejera de Cultura de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente, declaró días atrás su oposición a esta lista de nombres ya que la ministra no le había consultado a la hora de consensuar los nombres que la integran.

Asimismo, manifestó su confianza en que en la sesión que desarrollará mañana el Patronato se fije el calendario de actividades de la Comisión, el tipo de informe que deberán elaborar y si la conclusión del mismo será vinculante.

La respresentante de los archiveros regionales en la Comisión de expertos hizo también un llamamiento a que se deje trabajar a los especialistas que la formen y que no se les someta a ningún tipo de presión.

La mayoría de los miembros de esta comisión prefiere esperar a conocer a fondo la situación antes de pronunciarse sobre un asunto que saben complicado. En especial porque son conscientes de que es una polémica envenenada en la que siempre una de las partes se va a sentir agraviada con la decisión que finalmente se tome.

Más allá de las posibilidades técnicas para la reproducción de los fondos que alberga el Archivo, existe una vertiente simbólica difícil de resolver.

De otro lado, la Confederación Nacional de Asociaciones de Archiveros ha expresado mediante un comunicado su intención de solicitar que los ‘papeles de Salamanca’ sean declarados Bien de Interés Cultural.

Su presidente, Joan Boadas, señaló que esta declaración no supone ningún plus para los fondos ya que a partir de los treinta años de antigüedad ya se considera que tienen un valor histórico y cultural.

Y añadió que la declaración de los fondos como BIC no tiene que ver con la devolución de los fondos a sus lugares de origen. «Si dejamos la política aparte, hay que tener en cuenta que un archivo formado por un conjunto de documentos reunidos en un sitio de forma artificial, tiene que volver a donde ha salido», declaró. «Porque un archivo que nace del hecho voluntario de unir las diferentes piezas no tiene una característica de unidad».

Boadas considera que en la polémica sobre el Archivo de la Guerra «Salamanca va a tener una suerte inmensa», ya que la ministra de Cultura se ha comprometido a realizar una fuerte inversión para la creación del Archivo de la Memoria Compartida. «Lo que Salamanca tiene que hacer es aprovechar la oportunidad y hacer una cosa nueva con el pretexto del Archivo», explicó. «Sobre esta base dispone que aprovechar e intentar recuperar el patrimonio que tiene, aprovechar que es un proyecto estatal y europeo, y convertir una historia local en universal», indicó el presidente de los archiveros catalanes.


S. G