Este dato demuestra que la complicada situación que viven las operadoras en lo que respecta al despliegue de infraestructuras ha empeorado progresivamente en los últimos años, ya que en 2002 realizaron el 41,5% del despliegue previsto y en 2001 el 54,4%.

Según los datos de las operadoras, España es, junto a Bélgica y Austria, el país de la Unión Europea donde las compañías tienen que esperar más tiempo para conseguir el permiso para instalar una antena, concretamente más de 500 días.

Además, las compañías españolas se enfrentan a una enorme dispersión legislativa, con más de 600 normas diferentes, y a un proceso más complejo y con más agentes decisores que en el resto de países del Viejo Continente.

Los problemas para instalar antenas ponen obstáculos a la cobertura de la telefonía de tercera generación, máxime si se tiene en cuenta que en los próximos cuatro años las operadoras necesitarán desplegar entre 15.000 y 20.000 antenas UMTS más, además de las 3.000 ya existentes, para prestar una cobertura adecuada.

Para resolver este problema, el Gobierno ha puesto en marcha la Comisión Sectorial para el Despliegue de Infraestructuras de Radiocomunicación, una figura prevista en la Ley General de Telecomunicaciones, que mantuvo su primera reunión a mediados del pasado mes de julio.

En el organismo, que ha sido alabado por los responsables de las operadoras, están presentes los representantes de las comunidades autónomas y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y en calidad de invitados asisten representantes de los colegios de ingenieros de telecomunicaciones y de la patronal Aetic.

El impacto negativo de las dificultades de despliegue no se limita al sector de la telefonía móvil, sino que se extiende a la economía en su conjunto. Según un estudio del Instituto de Empresa, la telefonía móvil dejará de contribuir al Producto Interior Bruto (PIB) en casi un 1% en el período 2003-2005 si se mantiene la paralización en la instalación de infraestructuras.

El citado estudio revela que el servicio no prestado entre 2003 y 2005 como consecuencia de la falta de infraestructuras rondaría los 14.000 millones de minutos en llamadas. Además, las consecuencias económicas negativas de la congelación del despliegue de antenas serían «múltiples».

Europa Press / Madrid