Los veinte años de Salamanca ‘Patrimonio de la Humanidad’ sirven de escenario perfecto para plantear un apunte sobre cómo se aborda hoy en España el concepto de legalidad urbana. En términos sencillos de comprender, el Plan General de Ordenación Urbana es el instrumento legal que establece la ordenación completa de un municipio, clasificando el suelo, estableciendo la previsión de sistemas generales y dotaciones para el servicio de la población, elaborando un catálogo de elementos para preservar, delimitando sectores, fijando usos, determinando reservas de suelo, protegiendo el medio natural.

Un Plan Especial de Protección y Reforma Interior es una actuación doble y compleja sobre cualquier tipo de suelo –incluso entre varios municipios–, que se encamina a la protección de ámbitos singulares (medio ambiente y patrimonio cultural), resolviendo problemas urbanos, descongestionando, creando equipamientos, saneando barrios insalubres, rehabilitando el patrimonio histórico, corrigiendo desequilibrios funcionales.

Yo denomino ‘Doctrina de la ilegalidad legal’ a lo que sucede desde hace un tiempo en muchas ciudades de España: las alteraciones o modificaciones sucesivas y a capricho y con barniz de legalidad, de las Ordenanzas y determinaciones contenidas en cualquiera de los instrumentos de planificación antes mencionados, para introducir, sin tranquilizante ni anestesia, proyectos improvisados, caprichosos y oportunistas. Es un juego que legaliza un huero pulso entre proyectos arquitectónicos y planes; diseño de moda contra ordenación urbana; arquitectura de mercadotecnia contra Urbanismo; renovación patrimonial frente a protección integral con funciones. Se manipulan todas las reglas de juego, con absoluta impunidad y nadie parece escandalizarse.