C. P.



Los republicanos ya criticaron que el proyecto de ley mediante el que se restituirán sus fondos a la Generalitat de Cataluña dejara fuera a las casi 200 entidades locales que se han mostrado interesadas en recuperar sus documentos. De hecho, ERC tiene registrada en el Congreso una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a abrir la puerta a que los ayuntamientos puedan actuar en este sentido.

ERC considera que las corporaciones locales tienen el «mismo derecho» que cualquier otra institución a recuperar sus fondos y, por eso, censura el argumento sobre la necesidad de preservar la unidad del archivo que ha esgrimido el Gobierno para no dar solución a esta cuestión en el proyecto elaborado para dar cauce a la demanda catalana.

Mejor esperar
No obstante, ERC no incluirá la reivindicación de los ayuntamientos como enmienda a la ley relativa a Cataluña. Es más, ninguno de los partidos catalanes con representación parlamentaria, lo que incluye también a CiU y a Iniciativa Per Catalunya, se plantean inicialmente presentar enmiendas al proyecto aprobado para resarcir a la Generalitat, habida cuenta de que los tres participaron en la elaboración del mismo y sus propuestas ya se incorporaron antes de que el Consejo de Ministros lo remitiera al Congreso.

En ese contexto, los republicanos han decidido que tratarán de resolver el problema planteado a los ayuntamientos en la futura la Ley de Memoria Histórica que el Ejecutivo impulsará para compensar moral y económicamente a las víctimas del franquismo y la Guerra Civil.

Eso sí, este futuro proyecto aún está lejos de remitirse al Congreso y ya se vislumbra como uno de los de mayor complejidad, pues se espera incluya numerosas medidas como la posibilidad o no de anular los juicios sumarísimos o el futuro del Valle de los Caídos.

Enmiendas del PNV
El que sí tiene previsto enmendar el proyecto de los ‘papeles’ de Cataluña es el PNV, según avanzó su portavoz parlamentario, Josu Erkoreka. Los nacionalistas vascos intentarán aprovechar la tramitación del texto para lograr que se devuelva al Ejecutivo autonómico la documentación del Gobierno vasco, que presidía el lehendakari José Antonio Aguirre