ICAL

Según indicó, desde el organismo judicial sólo se ha tenido conocimiento de esta iniciativa a través de cauces no oficiales, por la prensa, algo que ha provocado una «natural preocupación».

González mostró su «absoluto apoyo» a lo expuesto en el acuerdo de los jueces de Salamanca y también al acuerdo de la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), en el que se muestra el rechazo ante el posible desalojo, porque «no es aceptable que los intereses de la Audiencia Provincial, como máxima representación del Poder Judicial en la provincia, queden supeditados a intereses políticos y coyunturales del Gobierno».

En su opinión, el actual Palacio de Justicia de Salamanca es emblemático y ha sido desde su construcción sede de la Audiencia Provincial y del Poder Judicial. El vocal del CGPJ por Castilla y León afirmó que, «en cualquier caso, el Gobierno no puede actuar en esta materia por la vía de hecho o de forma unilateral ya que el órgano de Gobierno que regula estas situaciones exige el acuerdo, la conformidad de la sala de Gobierno del TSJCyL».

Asimismo, manifestó que en su opinión hay en Salamanca «edificios y solares dignos y adecuados para ubicar ese centro y no se puede permitir que se resuelva un problema político a costa de un perjuicio del poder judicial». Además, indicó que todas las instituciones judiciales han solicitado «la creación de un juzgado de familia, ya que ahora mismo las dependencias están saturadas y esas necesidades son inminentes y deberían ser cubiertas con edificios como el de la Audiencia Provincial en la Gran Vía».

Por todo esto, si el Gobierno decidiera el desalojo de este edificio, González avanzó que «provocaría un conflicto entre las dos instituciones que tendría que resolverse ante los propios tribunales».